El lunes un juez español acusó a trece miembros del grupo separatista vasco ETA y a la agrupación insurgente FARC de Colombia de planear el asesinato de oficiales colombianos, incluyendo al presidente Álvaro Uribe.

El grupo separatista vasco ETA y las FARC de Colombia tuvieron planes en el asesinato de oficiales colombianos, incluyendo al presidente Álvaro Uribe. (AFP Photo /Luis Robayo)

El lunes un juez español acusó a trece miembros del grupo separatista vasco ETA y a la agrupación insurgente FARC de Colombia de planear el asesinato de oficiales colombianos, incluyendo al presidente Álvaro Uribe.

Además, el juez Eloy Velasco culpó al gobierno venezolano de haber cooperado en dicho plan, según una copia de su resolución.

Manifestó que un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) había realizado acciones de vigilancia en la embajada colombiana en Madrid y en las rutas tomadas por el ex presidente colombiano Andrés Pastrana, quien reside en España.

El miembro de las FARC informó que "no sería difícil llevar a cabo un atentado hacia dichos objetivos, ya que contarían con la ayuda de ETA”, según la resolución.

Luego, las FARC pidieron a ETA que siguiera a Pastrana, así como también a la ex embajadora en España, Noemí Sanin, al actual vicepresidente Francisco Santos, el ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus "con el objetivo de asesinar a uno de ellos cuando estuvieran en España".

Además, la resolución detalla que, recientemente, Uribe fue añadido a la lista.

El juez acuso a seis miembros de ETA que fueron considerados sospechosos y a siete miembros de las FARC, en conexión con el plan.

Entre los acusados se encontraba el miembro de ETA Arturo Cubillas Fontán, quien fue nombrado en un puesto del Ministerio de Agricultura de Venezuela en 2005 y cuya esposa venezolana, Goizeder Odriozola Lataillade, es oficial del gobierno del presidente Hugo Chávez.

Fontán estaba a cargo de las operaciones de la ETA “en esta parte de Latinoamérica desde 1999” y “coordinaba las relaciones entre FARC y ETA, así como también la participación de miembros de ETA en entrenamientos sobre explosivos y acciones bélicas guerrilleras en las ciudades”, expresó Velasco.

El juez acusó a Fontán y a dos miembros de las FARC, Edgar Gustavo Navarro Morales y Víctor Ramón Vargas Salazar, bajo el cargo de conspiración para cometer asesinatos terroristas.

Uribe rechazó el diálogo político con las FARC, quienes han estado en permanente tensión con el gobierno de Bogotá por cuarenta y cinco años.

La ETA, que figura en varias listas negras de terroristas, incluyendo las pertenecientes a la Unión Europea y los Estados Unidos, está acusada de provocar 828 muertes a lo largo de sus cuarenta y un años de campaña para la independencia de la región vasca, ubicada al norte de España y al sudoeste de Francia.

La tensión entre Bogotá y Caracas se ha agudizado desde que Colombia firmó un acuerdo con Washington el año pasado, otorgando a las fuerzas armadas estadounidenses el acceso a bases militares en su territorio para combatir la insurgencia y el narcotráfico.

Bajo el argumento de que consistía en el objetivo del acuerdo, Venezuela tomó represalias y congeló las relaciones con Colombia.